La ciencia silenciada: El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que evidenció la huella de los plaguicidas en los cuerpos

 

 

En una decisión que marca un precedente bisagra para la comunidad científica y ambiental de la Argentina, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió la exoneración definitiva de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio. La medida implica la expulsión de la investigadora de la institución tras casi tres décadas de labor y la inhabilitación para ejercer cargos dentro de la administración pública nacional. De este modo, concluye la persecución administrativa e institucional iniciada a partir de los alarmantes hallazgos del proyecto internacional SPRINT, un estudio financiado por la Unión Europea que midió la presencia de plaguicidas y mezclas de agrotóxicos en el ambiente, en los alimentos y en los organismos de la población rural y urbana del sudeste bonaerense.

Virginia Aparicio ingresó al INTA en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce en 1997. Durante más de veinticinco años, orientó su trabajo académico y técnico a la ecotoxicología, la salud de los suelos, la presencia de químicos en cuencas hídricas y el desarrollo de alternativas productivas para reducir el uso de insumos sintéticos en la agricultura. En 2020, con la aprobación expresa de las autoridades institucionales del organismo, Aparicio asumió la coordinación en Argentina del consorcio SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), un macroproyecto que involucró a universidades e institutos de investigación de diez países europeos bajo la coordinación central de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos.

El objetivo central del consorcio era evaluar la exposición humana y ambiental a las mezclas de plaguicidas bajo condiciones de producción reales. Durante el año 2021, el equipo liderado por Aparicio desplegó un minucioso trabajo de campo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se tomaron muestras complejas que incluyeron suelo, agua, aire, alimentos y material biológico —sangre, orina y materia fecal— aportado voluntariamente por 73 personas divididas en tres grupos: productores agrícolas, residentes rurales y vecinos de zonas urbanas.

Los resultados analíticos arrojaron cifras inéditas para el país: se detectaron restos de glifosato en el 84% de las muestras de orina de las personas evaluadas, además de la presencia recurrente de un cóctel de múltiples agroquímicos en muestras de aire y agua de lluvia. A diferencia de los modelos teóricos, el estudio SPRINT demostró empíricamente que la exposición no es a sustancias aisladas, sino a complejas mezclas de agroquímicos de forma cotidiana.

El detonante del conflicto institucional ocurrió en junio de 2023, cuando el equipo de investigación se disponía a realizar la devolución individual y colectiva de los informes de laboratorio a los ciudadanos que habían participado como voluntarios. Horas antes del encuentro previsto, las autoridades centrales del INTA notificaron la prohibición de llevar a cabo la reunión y ordenaron frenar la difusión de los datos. En diciembre de ese mismo año, el Consejo Directivo formalizó la salida unilateral de la Argentina del proyecto SPRINT y abrió un sumario administrativo disciplinario contra la investigadora principal.

Para justificar la severidad de la sanción, el INTA adujo supuestas faltas graves vinculadas con la gestión administrativa del proyecto, el envío no autorizado de muestras biológicas a laboratorios de referencia en el exterior, el manejo de datos confidenciales y la colaboración de personal externo sin aval institucional formal. Sin embargo, el propio expediente administrativo reconoce explícitamente que no existió perjuicio económico para el Estado ni beneficio patrimonial directo para la científica. Pese a ello, el directorio aplicó la exoneración, la máxima pena administrativa contemplada en el régimen del empleo público.

La defensa legal y técnica de la investigadora fundamentó que el traslado transfronterizo de las muestras obedeció de forma estricta a los protocolos científicos internacionales del consorcio aprobados originalmente por el propio INTA y que el financiamiento provenía de fondos europeos. Asimismo, diversas organizaciones socioambientales, gremios del sector científico y redes académicas denunciaron que las acusaciones burocráticas constituyeron un montaje para disciplinar la investigación pública que cuestiona los costos ambientales y sanitarios del modelo agronegocio extractivista.

Con la exoneración de Virginia Aparicio, no solo se interrumpe el recorrido profesional de una científica de trayectoria internacional, sino que se consagra una política de censura institucional. El despido genera un preocupante antecedente para la investigación en ciencia y tecnología en Argentina, donde la divulgación de evidencia sobre el impacto de los contaminantes en la salud humana vuelve a quedar supeditada a las presiones sectoriales y al blindaje corporativo